El artículo que iniciamos el pasado jueves 2 de junio, empezando con
un panorama de la economía internacional, continuó el día 9 con una
referencia más amplia a las dos grandes naciones de mayor incidencia en
los intercambios mundiales. Y luego, el jueves 16 repasamos cómo van
las cosas en la UE. Hoy entramos en la segunda parte del artículo, para
empezar a ocuparnos de la situación económica de España en plenas
vísperas electorales, para seguir después de los comicios del 26-J.
- DE LA RECESIÓN A LA RECUPERACIÓN
Como ya hemos subrayado antes, la política económica española está
incidida por las decisiones que se adoptan en Bruselas. Por lo cual se
considera, a veces, que hemos dado un paso atrás, aceptando una
dependencia económica de lo que deciden el Consejo y la Comisión en la
capital europea. Sin reconocer la realidad de que se trata de ir a una
soberanía compartida, en una serie de cuestiones principales, a escala
de toda la UE. Otra cosa es que España despliegue mayor o menor
capacidad para potenciar su presencia en las instituciones europeas.
- La evolución del PIB
Desde diciembre de 2011, tras haber “tirado la toalla” Rodríguez
Zapatero con decisiones anticipadas, y ya con Rajoy como Presidente del
Gobierno, se hizo visible la desastrosa situación económica de España en
diciembre del citado año, con una fuerte recesión y falta de
verdaderas medidas contra la crisis.
La herencia recibida
La Deuda Pública dejada por el Gobierno Rodríguez Zapatero se cifró
oficialmente por el propio ZP en el 6 por 100, cuando en realidad
resultó ser casi el doble. Lo cual sucedió porque la situación de grave
crisis, ya avanzando rápidamente, fue ignorada oficialmente por el
Gobierno en 2008 y 2009; y sólo en mayo de 2010, cuando ya todo el
panorama era más que negro, se tomaron, bajo presión de la UE, y también
de Washington y hasta de Pekín, las primeras medidas correctoras. Que
resultaron, no sólo tardías, sino además insuficientes.
Después vino el nuevo gobierno Rajoy, que actuó, cierto que sin gran
celeridad y siempre con un impulso limitado, para introducir ajustes
considerados como de austeridad (recortes presupuestarios), completados
con una serie de reformas: laboral, financiera, fiscal, etc.
El crecimiento
En cualquier caso, en medio de toda clase de dificultades, ya en el
último trimestre del 2013, la recesión en España empezó a ceder;
alcanzándose ya una expansión del PIB del 1,4 en 2014, de 3,2 en el
2015, con la previsión de situarse en el 2,7 en 2016. Y en el primer
trimestre de este año se observó una evolución del PIB del 0,8 por 100,
equivalente a una velocidad de crucero de algo más de tres puntos.
A propósito de ese crecimiento -y de modo crítico para el desarrollo
de los ejercicios económicos de 2011 a 2016-, se ha dicho que la
recuperación española se vio muy facilitada por la caída del precio del
petróleo, que cortó la inflación de raíz; y también por la depreciación
del tipo de cambio del euro que facilita las exportaciones; amén de las
medidas del BCE a las que ya nos hemos referido al comentar la actuación
de Mario Draghi, incentivando la liquidez y el crédito.
Es verdad que todo eso ha contribuido a mejorar la situación en
España. Pero tales ventajas también llegaron a Renzi en Italia, Valls en
Francia, y Schäuble en la propia Alemania; sin que en esos tres países
se haya logrado una recuperación como la de España. Por lo que, cabe
reflexionar: algo habrán tenido que ver con el tema de la experiencia
española: la austeridad y las reformas practicadas en estas latitudes.
Como también debe subrayarse que el mayor impulso español puede deberse
también en parte a un empresariado resuelto a internacionalizarse, según
veremos.
Recuperación del empleo
Ya lo hemos dicho con carácter general: hemos dejado atrás la gran
recesión, pero la crisis no ha terminado y sólo se podrá decir que ha
llegado su fin cuando se alcancen los niveles de renta anteriores y se
llegue al mismo nivel de empleo.
En el sentido apuntado, la previsión es que en 2017 habremos
compensado los 8,5 puntos de caída total de renta de los años 2008/2013.
Aunque tendremos que esperar al 2020, o más, para situarnos también en
la cota de población ocupada que teníamos antes de la crisis (unos 20
millones, frente al dato de abril de 2016, de 17,2). Y se hacen
referencias a que en 2023 podríamos estar con un desempleo de no más del
8 por 100, en buena medida por la fuerte caída de la población activa
por emigración, envejecimiento global, etc.
Hay crisis, pues, para un tiempo, por lo que no cabe bajar la guardia
en el tema de las reformas: hay que mejorar el funcionamiento del
mercado de trabajo, asegurarse de que la banca cumplirá las condiciones
de la Agencia Bancaria Europea (ABE), y conseguir que la Administración
sea mucho más eficiente.
Contracción de la clase media y más desigualdad
La crisis ha tenido consecuencias sociales importantes, sobre todo
por la fuerte caída del empleo en su primera fase, la destrucción de
parte del tejido industrial, los efectos de la merma de población
ocupada en la Seguridad Social, etc. Y además, como ha puesto de relieve
el Servicio de Estudios del BBVA, junto con el Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas, la estimación es que las clases medias en
España han bajado de ser de 58,9 por 100 de la población a un 52,3. En
paralelo a un aumento importante de la desigualdad económica, que sólo
muy recientemente empieza a paliarse con la recuperación del empleo.
Sin embargo, el estado de bienestar, a pesar de las muchas protestas,
se mantiene; y cierto que la financiación de su déficit se ha hecho con
la Deuda Pública emitida y el Fondo de Garantía del Pacto de Toledo. Y
la recuperación en curso -dato psicológicamente interesante-, nos
muestra que España adelantará pronto a Italia en renta per cápita, en
2017, con una media española de 42.314 dólares por cabeza, frente a
40.767 de los italianos.
La expansión de la renta y la mejora laboral de los últimos tres años
en España, se ha elogiado en numerosos informes del FMI, la OCDE,
Comisión Europea, etc. Y también en los medios, como subrayó el 4 de
abril del 2016 Financial Times, llegándose a decir que España está booming.
- Dos asignaturas pendientes
Seguro que son muchas más que dos las asignaturas pendientes. Pero
las dos que planteamos tienen una especial importancia para el futuro
desarrollo: mercado de trabajo y reforma de la Administración.
Mercado de trabajo y reforma laboral
En relación con el empleo, la crisis destruyó algo más de tres
millones de puestos de trabajo en España. Con el hecho diferencial
respecto al resto de Europa, de que en nuestro caso sufrimos el colapso
de la industria de la construcción, sector viviendas: desde más de
600.000 unidades terminadas en 2006, pasamos a una cifra de poco más de
30.000 en 2014. Es decir, una caída del 90 por 100. Con la secuela de la
contracción de la fuerza de trabajo, en casi dos millones. Aparte de
que el stock de 600.000 viviendas de construcción reciente (2015) aún no
ocupadas, frena el relanzamiento de la construcción, que no recuperará
nunca el nivel altamente especulativo de los años anteriores a 2008.
Por lo demás, el mercado de trabajo sigue siendo muy opaco. Y
reconociéndose que España, según la UE, que la economía sumergida
representa el 20 por 100 del PIB, no sabemos a ciencia cierta cuál puede
ser el empleo oculto, que podría estar por encima del millón y medio de
trabajadores. En un mercado en el que también se sitúan muchos
jubilados y pensionistas que siguen trabajando, tal vez en cifra no
menor de medio millón.
En otras palabras, tendríamos dos millones de empleos que no figuran
en los censos laborales oficiales, lo que significa que el paro sigue
siendo un gran problema, pero no con la intensidad que se dice. Como de
hecho se demuestra también por la circunstancia de que a la oferta del
Estado de una prestación de 426 euros mensuales para los parados que ya
superaron sus plazos de seguro y subsidio, no se ha presentado el número
que se esperaba.
Por otro lado, conviene recordar que hay más de 500.000 puestos de
trabajo ofrecidos por las empresas que no pueden ser atendidos con
población española. Porque no existen en el país personas
suficientemente capacitadas, o especializadas, para ocupar esos
destinos, de niveles tecnológicos elevados.
En relación con el empleo, es realmente incomprensible que una parte
de la oposición manifieste que si gana las elecciones del 26 de junio
derogarán la reforma laboral. Cuando los efectos de la misma ya se han
producido en la realidad: más que para crear ocupación de inmediato, lo
que la reforma ha hecho, a mi juicio, es frenar la destrucción de
empresas; al disponer éstas de mayores posibilidades, y más económicas,
para el adelgazamiento de nóminas, a fin de resistir la crisis. Sin
perjuicio de que la Comisión Europea diga que hasta 2016, la reforma
consiguió la creación de 400.000 empleos.
En este punto, será conveniente recordar las eternas críticas de las
centrales sindicales (CC.OO. y UGT), de que el empleo que se está
creando es mayormente precario, por su carácter de temporeros, y también
por los salarios más bajos que antes; algo que se traduce en una frase
más eufónica: la reducción de los costes laborales unitarios (CLU). Pero
lo cierto es que en un contexto así, tanto CC.OO. como UGT han hecho
bien poco por proclamar la necesidad de productividades mayores,
relegando de hecho sus propuestas sobre el empleo a crear una renta mínima
(de 426 euros por parado al mes), lo que desviaría la verdadera
solución del problema; pasando la solución del asunto de una meta de
crecimiento del empleo, a una deriva menos progresista de seguro de paro
ampliado; y algo nada estimulante en la búsqueda de trabajo.
Reforma de la Administración
Queda pendiente también, de las reformas comprometidas por el
Gobierno Rajoy, la de la Administración Pública. Una cuestión de la que
el autor de este Informe oyó hablar por primera vez, en 1956, a Laureano
López Rodó, en una conferencia en la que ya se planteaban los mismos
temas que hoy; sin que se haya avanzado mucho en ese proyecto.
Por lo demás, está claro que la crisis ha favorecido la
reorganización de las empresas privadas, para ser más eficientes: más
producción con menos empleos por unidad de producto. En tanto que en el
caso de las Administraciones no ha habido reformas durante la crisis, en
la idea para muchos de que el presupuesto lo aguanta todo y la Deuda Pública está barata.
El caso es que a lo largo de la crisis, la Administración, lejos de
reducirse merced a los avances tecnológicos (como han hecho las
sociedades de banca, de servicios eléctricos, de gas, la industria con
la robotización, etc.), no ha dejado de crecer. E incluso llega a
decirse que la oferta de empleo público podría resolver gran parte del
problema del paro, un desatino mayúsculo para la productividad.
En este punto concreto de nuestra problemática, debería quedar claro
que el empleo normalmente no lo crea el Estado (sobre todo cuando sus
inversiones han decaído, como es el caso), sino que es objeto de
creación por los empresarios. Para lo cual, los estímulos de la Ley de
Emprendedores (Ley 14/2013, de 27 de septiembre) no son suficientes. Lo
que hace falta es, pues, es un clima más favorable a los empresarios, y
una política del Estado que encauce a éstos en pro de un mayor
dinamismo, en la senda de verdaderos empresarios schumpeterianos.
Seguiremos la próxima semana con la economía española, que tiene muchos más recovecos de lo que generalmente se piensa.
(*) Doctor en Derecho y Ciencias Económicas
