BRUSELAS.- Los ministros de Economía de diez países de la Unión Europea aprobaron hoy un controvertido gravamen a las transacciones financieras, para afrontar los errores que desataron la crisis económica de 2008, pero que rechazan Gran Bretaña, Holanda y Suecia fundamentalmente. Según la propuesta de Bruselas, la tasa gravará con un 0,1% las transacciones de acciones y bonos y con un 0,01% las de derivados.
El impuesto entrará en vigor en 2016 con el consenso de Alemania,
Austria, Bélgica, Eslovaquia, España, Estonia, Francia, Grecia, Italia y
Portugal para gravar el intercambio de acciones y algunos derivados.
El nuevo gravamen se implantará por fases -empezando por las acciones y algunos derivados- para evaluar su impacto económico. No obstante, el diseño definitivo de la tasa con "soluciones viables" deberá estar listo a finales de año.
Francia y Alemania lideraron a un grupo de países en la iniciativa a pesar de que el gravamen podría no ser tan elevado como el que se había querido fijar en el momento más álgido de la crisis financiera e incluso podría volver a suavizarse.
El objetivo es que cada paso hasta la plena aplicación de la tasa "se diseñe de forma que tenga en consideración que hay muchos impactos económicos sobre los que hay que ser muy cuidadosos".
Finalmente, si algunos de los Estados miembros participantes quiere gravar productos no incluidos en este acuerdo para mantener tasas nacionales existentes, estarán autorizados a hacerlo.
Esta declaración política de mínimos ha sido muy mal acogida por algunos de los Estados miembros que no participan en la cooperación reforzada, en particular Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Hungría, Holanda, Luxemburgo o Malta
"No dudaremos en recurrir una tasa que tenga un impacto extraterritorial, perjudique a Reino Unido o a otros Estados miembros y perjudique al mercado interior", ha amenazado el ministro de Finanzas británico, George Osborne, el más combativo.
"Nuestra prioridad es garantizar que las propuestas de tasa no tengan impacto extraterritorial en Reino Unido y en la economía europea", ha apuntado.
El ministro británico, al igual que otros de sus colegas, se ha quejado del secretismo de las reuniones de los 11 y ha dicho que incluso el Banco Europeo de Inversiones ha comunicado al Ecofin que la tasa le costaría 1.600 millones de euros.
Según la propuesta de Bruselas, la tasa gravará con un 0,1% las transacciones de acciones y bonos y con un 0,01% las de derivados.
Bruselas calcula que la tasa aplicada en 11 países permitiría recaudar, si se aplicara a todos los instrumentos, entre 30.000 y 35.000 millones de euros al año, de los cuales alrededor de 5.000 millones en España. El objetivo de esta iniciativa es reducir las operaciones especulativas y hacer que la banca contribuya de forma equitativa a los ingresos públicos
Prometida en 2011 por la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolás Sarkozy, la también conocida como Tasa Tobin, que se planteó como una inciativa para hacer pagar a los bancos por una crisis financiera que llevó a la quiebra de Grecia y de Irlanda, se encontró con la oposición desde su planteamiento.
Los ministros de Finanzas de un grupo de once países que apoyaron este impuesto financiero hicieron un nuevo llamamiento el martes para introducir esta transacción financiera en 2016, como muy tarde.
"Hemos llegado a un acuerdo político al respecto, cómo avanzar a futuro, creo que es una proposición prudente que recoge planteamientos y necesidades de los diferentes países", dijo el martes el ministro español de Economía, Luis de Guindos.
De Guindos añadió que se había debatido sobre cuáles iban a ser los activos que se iban a gravar, qué pasos graduales se van a ir dando (...) y "como tienen que seguir los pasos próximos para que la directiva se apruebe el año próximo y que entre en vigor en 2016", manifestó.
De e Guindos ha dicho que el acuerdo es un "mínimo denominador común" entre las posiciones de los 11 países y ha sostenido que la tasa será "prudente" y "cauta".
"Vamos a analizar el impacto de la tasa en cada uno de los pasos que vamos a dar porque somos plenamente conscientes de las posibles consecuencias que esta tasa puede tener en los flujos de capital", ha apuntado.
"No queremos crear un instrumento que sea perjudicial para nadie, lo que vamos a hacer es tener una tasa racional que ponga orden en los mercados financieros", ha sostenido Guindos. España prevé unos ingresos de 640 millones de euros por este concepto, aunque el ministro ha explicado que esta partida no se refiere únicamente a este gravamen sino que incluye también otras tasas
Rescatando un planteamiento que inicialmente había sido esbozado por James Tobin hace más de 40 años, se trata de una iniciativa para demostrar que los políticos --, muchos de los cuales han sido acusados de no haber actuado enérgicamente durante la crisis, estaban enfrentándose a los bancos causantes de la misma.
Mientras los ministros estaban reunidos en Bruselas, activistas en favor de la introducción de la también conocida como 'Tasa Robin Hood', un personaje al margen de la ley que robaba a los ricos para dárselo a los ricos, interpretaron una pelea para simbolizar la polémica en torno a este impuesto.
En una esquina, un activista disfrazado de verde y con un carcaj lleno de flechas pretendía imponerse a un adversario vestido con el traje de banquero.
"Esta es una lucha entre banqueros y Robin Hood", dijo Natalia Alonso, una activista de la organización no gubernamental Oxfam.
"Queremos que el dinero que se recaude con este impuesto vaya destinado a combatir la pobreza", agregó.
Reafirmar el compromiso con respecto a este impuesto también es importante antes de las elecciones europeas que se esperan muestren un aumento del apoyo de los partidos populistas y euroescépticos.
Muchos expertos, no obstante, creen que este impuesto pueda ir perdiendo fuerza con el tiempo debido a la dificultad en ser implementado.
Según el último borrador elaborado, la tasa que gravaría las transacciones de bonos y de acciones podría bajar hasta el 0,01 por ciento sobre el valor de la transacción desde el 0,1 por ciento que se planteaba originalmente.
Esto podría rebajar la recaudación hasta unos 3.500 millones de euros o incluso menos, dijo un funcionario de la Unión Europea.
El ministro austriaco de Economía, Michael Spindelegger, adelantó que durante 2015 se aprobarán diferentes elementos de la nueva imposición, para ser aplicada en su totalidad al año siguiente.
Por su parte el titular francés de Finanzas, Michel Sapin, consideró que con este mecanismo se podrán recaudar entre cinco mil y seis mil millones de euros, si se grava únicamente el intercambio de acciones.
La propuesta no cuenta con la aprobación del Reino Unido, por lo que su ministro de Economía, George Osborne, aseguró que si el impuesto impacta en otras economías europeas, éstas lo impugnarán.
Londres posee la mayor plaza financiera europea y en su batalla contra ese impuesto acudió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para frenar su aprobación y aplicación.
Osborne argumentó que no es un impuesto a los banqueros, sino a las inversiones en empleo, a las pensiones de la gente y por ello el Reino Unido lo rechaza.
Las autoridades europeas comenzaron a gestar ese gravamen tras la crisis financiera del 2008, para combatir la especulación y recuperar fondos del erario tras el rescate de los bancos por los gobiernos, aunque sin lograr la unanimidad requerida en una solución de la Unión Europea.
El nuevo gravamen se implantará por fases -empezando por las acciones y algunos derivados- para evaluar su impacto económico. No obstante, el diseño definitivo de la tasa con "soluciones viables" deberá estar listo a finales de año.
Francia y Alemania lideraron a un grupo de países en la iniciativa a pesar de que el gravamen podría no ser tan elevado como el que se había querido fijar en el momento más álgido de la crisis financiera e incluso podría volver a suavizarse.
El objetivo es que cada paso hasta la plena aplicación de la tasa "se diseñe de forma que tenga en consideración que hay muchos impactos económicos sobre los que hay que ser muy cuidadosos".
Finalmente, si algunos de los Estados miembros participantes quiere gravar productos no incluidos en este acuerdo para mantener tasas nacionales existentes, estarán autorizados a hacerlo.
Esta declaración política de mínimos ha sido muy mal acogida por algunos de los Estados miembros que no participan en la cooperación reforzada, en particular Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Hungría, Holanda, Luxemburgo o Malta
"No dudaremos en recurrir una tasa que tenga un impacto extraterritorial, perjudique a Reino Unido o a otros Estados miembros y perjudique al mercado interior", ha amenazado el ministro de Finanzas británico, George Osborne, el más combativo.
"Nuestra prioridad es garantizar que las propuestas de tasa no tengan impacto extraterritorial en Reino Unido y en la economía europea", ha apuntado.
El ministro británico, al igual que otros de sus colegas, se ha quejado del secretismo de las reuniones de los 11 y ha dicho que incluso el Banco Europeo de Inversiones ha comunicado al Ecofin que la tasa le costaría 1.600 millones de euros.
Según la propuesta de Bruselas, la tasa gravará con un 0,1% las transacciones de acciones y bonos y con un 0,01% las de derivados.
Bruselas calcula que la tasa aplicada en 11 países permitiría recaudar, si se aplicara a todos los instrumentos, entre 30.000 y 35.000 millones de euros al año, de los cuales alrededor de 5.000 millones en España. El objetivo de esta iniciativa es reducir las operaciones especulativas y hacer que la banca contribuya de forma equitativa a los ingresos públicos
Prometida en 2011 por la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolás Sarkozy, la también conocida como Tasa Tobin, que se planteó como una inciativa para hacer pagar a los bancos por una crisis financiera que llevó a la quiebra de Grecia y de Irlanda, se encontró con la oposición desde su planteamiento.
Los ministros de Finanzas de un grupo de once países que apoyaron este impuesto financiero hicieron un nuevo llamamiento el martes para introducir esta transacción financiera en 2016, como muy tarde.
"Hemos llegado a un acuerdo político al respecto, cómo avanzar a futuro, creo que es una proposición prudente que recoge planteamientos y necesidades de los diferentes países", dijo el martes el ministro español de Economía, Luis de Guindos.
De Guindos añadió que se había debatido sobre cuáles iban a ser los activos que se iban a gravar, qué pasos graduales se van a ir dando (...) y "como tienen que seguir los pasos próximos para que la directiva se apruebe el año próximo y que entre en vigor en 2016", manifestó.
De e Guindos ha dicho que el acuerdo es un "mínimo denominador común" entre las posiciones de los 11 países y ha sostenido que la tasa será "prudente" y "cauta".
"Vamos a analizar el impacto de la tasa en cada uno de los pasos que vamos a dar porque somos plenamente conscientes de las posibles consecuencias que esta tasa puede tener en los flujos de capital", ha apuntado.
"No queremos crear un instrumento que sea perjudicial para nadie, lo que vamos a hacer es tener una tasa racional que ponga orden en los mercados financieros", ha sostenido Guindos. España prevé unos ingresos de 640 millones de euros por este concepto, aunque el ministro ha explicado que esta partida no se refiere únicamente a este gravamen sino que incluye también otras tasas
Rescatando un planteamiento que inicialmente había sido esbozado por James Tobin hace más de 40 años, se trata de una iniciativa para demostrar que los políticos --, muchos de los cuales han sido acusados de no haber actuado enérgicamente durante la crisis, estaban enfrentándose a los bancos causantes de la misma.
Mientras los ministros estaban reunidos en Bruselas, activistas en favor de la introducción de la también conocida como 'Tasa Robin Hood', un personaje al margen de la ley que robaba a los ricos para dárselo a los ricos, interpretaron una pelea para simbolizar la polémica en torno a este impuesto.
En una esquina, un activista disfrazado de verde y con un carcaj lleno de flechas pretendía imponerse a un adversario vestido con el traje de banquero.
"Esta es una lucha entre banqueros y Robin Hood", dijo Natalia Alonso, una activista de la organización no gubernamental Oxfam.
"Queremos que el dinero que se recaude con este impuesto vaya destinado a combatir la pobreza", agregó.
Reafirmar el compromiso con respecto a este impuesto también es importante antes de las elecciones europeas que se esperan muestren un aumento del apoyo de los partidos populistas y euroescépticos.
Muchos expertos, no obstante, creen que este impuesto pueda ir perdiendo fuerza con el tiempo debido a la dificultad en ser implementado.
Según el último borrador elaborado, la tasa que gravaría las transacciones de bonos y de acciones podría bajar hasta el 0,01 por ciento sobre el valor de la transacción desde el 0,1 por ciento que se planteaba originalmente.
Esto podría rebajar la recaudación hasta unos 3.500 millones de euros o incluso menos, dijo un funcionario de la Unión Europea.
El ministro austriaco de Economía, Michael Spindelegger, adelantó que durante 2015 se aprobarán diferentes elementos de la nueva imposición, para ser aplicada en su totalidad al año siguiente.
Por su parte el titular francés de Finanzas, Michel Sapin, consideró que con este mecanismo se podrán recaudar entre cinco mil y seis mil millones de euros, si se grava únicamente el intercambio de acciones.
La propuesta no cuenta con la aprobación del Reino Unido, por lo que su ministro de Economía, George Osborne, aseguró que si el impuesto impacta en otras economías europeas, éstas lo impugnarán.
Londres posee la mayor plaza financiera europea y en su batalla contra ese impuesto acudió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para frenar su aprobación y aplicación.
Osborne argumentó que no es un impuesto a los banqueros, sino a las inversiones en empleo, a las pensiones de la gente y por ello el Reino Unido lo rechaza.
Las autoridades europeas comenzaron a gestar ese gravamen tras la crisis financiera del 2008, para combatir la especulación y recuperar fondos del erario tras el rescate de los bancos por los gobiernos, aunque sin lograr la unanimidad requerida en una solución de la Unión Europea.
