BRUSELAS.- La Unión Europea acordó este jueves obligar a los inversores y depositantes acaudalados a compartir los costes de las futuras quiebras de bancos, acercándose al final de los rescates financiados por los contribuyentes que han generado malestar público.
Después de siete horas de negociaciones nocturnas, los ministros de
finanzas de los 27 países del bloque salieron con un borrador para
salvar a los bancos en problemas. El plan estipula que los accionistas,
tenedores de bonos y depositantes con más de 100.000 euros deberían
compartir parte de la carga de rescatar al banco.
El acuerdo es un impulso para los líderes de la UE, quienes se
reunieron más tarde en Bruselas, y pudieron mostrar que
finalmente están controlando la crisis financiera que comenzó a mediados
de 2007 con la casi quiebra del alemán IKB.
"Por primera vez, acordamos sobre un significativo modo de rescate
para proteger a los contribuyentes", dijo el ministro de Finanzas
holandés, Jeroen Dijsselbloem, refiriéndose al proceso en el que los
accionistas y tenedores de bonos deben soportar primero los costes de
las reestructuraciones.
Las normas ponen fin a la idea que imperaba en Europa de que los
ahorradores no deberían perder nunca sus depósitos, aunque los países
tendrán algo de flexibilidad para decidir cuándo y cómo imponer pérdidas
a los acreedores de un banco.
"Las normas pueden afectar a los depositantes alemanes así como
pueden afectar a cualquier otro inversor en el mundo", dijo el ministro
de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schaeuble, después de la reunión.
Los contribuyentes de gran parte de Europa han debido pagar por una
serie de rescates bancarios profundamente impopulares desde la crisis
financiera que se propagó por todo el bloque y amenazó el futuro del
euro.
La Unión Europea gastó el equivalente de un tercio de su producción
económica rescatando a sus bancos entre 2008 y 2011, utilizando efectivo
de los contribuyentes, enfrentando problemas para contener la crisis y,
en el caso de Irlanda, casi llevando a la quiebra al país.
Pero un rescate de Chipre en marzo que forzó pérdidas a los
depositantes marcó una aproximación más dura que ahora, tras el acuerdo
del jueves, puede ser replicada en otros lugares.
El ministro de Finanzas de Francia, Pierre Moscovici, indicó que los
funcionarios también accedieron a las demandas francesas de que el
fondo de rescate de la zona euro, el Mecanismo Europeo de Estabilidad
(MEDE), pueda ser utilizado para ayudar a los bancos en el área de 17
países con una moneda común que se vean en problemas.
"Hace que todo sea coherente", dijo Moscovici. "Crea una solidez
para el sistema y un sistema de solidaridad", dijo a periodistas.
Bajo las normas, que entrarían en vigor en 2018, los países estarían
obligados a distribuir las pérdidas por el equivalente de hasta un ocho
por ciento de los pasivos de un banco, con algo de flexibilidad
posteriormente.
Europa puede concentrarse ahora en construir el próximo pilar de un
proyecto para unificar la supervisión y el apoyo a los bancos en la zona
euro, conocida como "unión bancaria".
En vigor para 2018
Las nuevas normas para que sean los acreedores y no los contribuyentes los que paguen en futuras crisis bancarias entrarán en vigor en 2018 para dar tiempo a las entidades a adaptarse y no en 2015 como reclamaban el Banco Central Europeo (BCE) y países como Alemania y Holanda, según el acuerdo alcanzado este jueves por el Ecofin.
España y Francia estaban entre los partidarios de retrasar estas disposiciones por temor a que una entrada en vigor acelerada reactivara las turbulencias en los mercados financieros. La directiva todavía debe ser pactada con la Eurocámara en las próximas semanas.
Tal y como quería Alemania, el acuerdo limita al máximo las posibilidades de recapitalización directa de la banca a cargo del fondo de rescate (MEDE). Sólo se podrá activar como último recurso una vez que se hayan agotado todas las quitas a preferentistas y bonistas sénior, y únicamente para salvar a los grandes depositantes.
"La recapitalización directa será posible, según las reglas del MEDE, cuando se hayan aplicado las quitas. Pero este recurso a los fondos públicos debe ser la excepción", ha explicado el comisario de Servicios Financieros, Michel Barnier.
El acuerdo generaliza así el modelo del rescate bancario español de aplicar primero quitas a algunos acreedores y luego permitir el uso del MEDE pero de forma indirecta, mediante un préstamo al Estado que computará como deuda pública, con lo que no se rompe el vínculo entre deuda bancaria y deuda soberana.
No obstante, la quita mínima obligatoria que exige la directiva antes de la intervención de ningún fondo público es mucho mayor que la aplicada en el caso español, según ha admitido el ministro español de Economía, Luis de Guindos. Según el acuerdo, esta quita inicial debe ser del 8% de los pasivos del banco. En este capítulo se prevé una excepción para acomodar a Suecia.
A partir de ahí, el acuerdo permite a los Estados miembros un amplio margen de flexibilidad para salvar a determinados acreedores de las pérdidas, hasta un máximo del 5% de los pasivos. Este primer rescate debe financiarse en primer lugar con el fondo nacional de resolución que debe crear cada país, alimentado por los propios bancos. En circunstancias excepcionales, podrá recurrirse también a fondos públicos nacionales o a un préstamo del MEDE al Estado.
En vigor para 2018
Las nuevas normas para que sean los acreedores y no los contribuyentes los que paguen en futuras crisis bancarias entrarán en vigor en 2018 para dar tiempo a las entidades a adaptarse y no en 2015 como reclamaban el Banco Central Europeo (BCE) y países como Alemania y Holanda, según el acuerdo alcanzado este jueves por el Ecofin.
España y Francia estaban entre los partidarios de retrasar estas disposiciones por temor a que una entrada en vigor acelerada reactivara las turbulencias en los mercados financieros. La directiva todavía debe ser pactada con la Eurocámara en las próximas semanas.
Tal y como quería Alemania, el acuerdo limita al máximo las posibilidades de recapitalización directa de la banca a cargo del fondo de rescate (MEDE). Sólo se podrá activar como último recurso una vez que se hayan agotado todas las quitas a preferentistas y bonistas sénior, y únicamente para salvar a los grandes depositantes.
"La recapitalización directa será posible, según las reglas del MEDE, cuando se hayan aplicado las quitas. Pero este recurso a los fondos públicos debe ser la excepción", ha explicado el comisario de Servicios Financieros, Michel Barnier.
El acuerdo generaliza así el modelo del rescate bancario español de aplicar primero quitas a algunos acreedores y luego permitir el uso del MEDE pero de forma indirecta, mediante un préstamo al Estado que computará como deuda pública, con lo que no se rompe el vínculo entre deuda bancaria y deuda soberana.
No obstante, la quita mínima obligatoria que exige la directiva antes de la intervención de ningún fondo público es mucho mayor que la aplicada en el caso español, según ha admitido el ministro español de Economía, Luis de Guindos. Según el acuerdo, esta quita inicial debe ser del 8% de los pasivos del banco. En este capítulo se prevé una excepción para acomodar a Suecia.
A partir de ahí, el acuerdo permite a los Estados miembros un amplio margen de flexibilidad para salvar a determinados acreedores de las pérdidas, hasta un máximo del 5% de los pasivos. Este primer rescate debe financiarse en primer lugar con el fondo nacional de resolución que debe crear cada país, alimentado por los propios bancos. En circunstancias excepcionales, podrá recurrirse también a fondos públicos nacionales o a un préstamo del MEDE al Estado.
