MADRID.- La Declaración de la Cuenta General del Estado confirma que se cumplió con el compromiso de estabilidad presupuestaria. El
déficit con el que se cerraron las cuentas públicas en 2010, el año en
que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunció una primera
oleada de recortes en mayo, ascendió a 54.779 millones de euros en
términos de contabilidad nacional, un 5,21% del PIB, casi medio punto
menos del objetivo, que en ese ejercicio se había fijado en el 5,7%, con
lo que se cumplió con el compromiso de estabilidad presupuestaria.
Así consta en la Declaración sobre la Cuenta General del Estado de
2010 dictada por el Tribunal de Cuentas, que acaba de ser remitida a
las Cortes. Según este
informe, el déficit de hace dos años registró finalmente una "desviación
positiva del 0,49%" con respecto al objetivo del 5,7%.
Además, al desagregar el dato se observa que mientras la
Administración General del Estado (AGE) cumplió su objetivo de
estabilidad presupuestaria al reducir en 0,89 puntos su objetivo (5,9%
del PIB), en la Seguridad Social la desviación negativa alcanzó los 0,4
puntos, con respecto al objetivo de superávit del 0,2%.
También en materia de ingresos se registraron desviaciones
"significativas" con respecto a las cuantías recogidas en los
Presupuestos. En concreto, el Tribunal de Cuentas habla de que las necesidades de financiación netas con Deuda Pública sobrepasaron en 1.198 millones lo previsto.
Esto se debió a una caída de los ingresos particularmente
significativa en el capítulo de transferencias de la Unión Europea y en
el de Impuestos Directos y Cotizaciones Sociales (-8.511 millones). Por
contra, la recaudación por IVA fue 15.563 millones superior a lo
presupuestado, debido a la disminución de las devoluciones anuales por
el cambio en el método de devolución mensual así como por la subida de
los tipos (una de las medidas de aquel catálogo de ajustes de mayo de
2010).
El Tribunal de Cuentas reprocha, no obstante, que "ambas
circunstancias deberían haberse tenido en cuenta en la elaboración de
los Presupuestos" dado que eran decisiones dependientes del Ejecutivo.
En
cuanto al capítulo de gastos, la mayor desviación sobre las dotaciones
de crédito previstas en los PGE 2010 fue la de Deuda Pública
(+12.135 millones) y el epígrafe de Administración Financiera y
Tributaria (+10.028 millones), motivada esta última por "los gastos no
previstos por importe de 9.794 millones por aportaciones al Fondo de
Apoyo a la República Helénica", es decir, el rescate griego.
Sin embargo, la Memoria también detecta que en 2010 quedaron pendientes de pago 9.662 millones de euros (casi
1.500 millones más que un año antes) por los anticipos a cuenta de ese
ejercicio y el anterior "a cuenta de los fondos y recursos adicionales"
autorizados por el Gobierno para financiar a las entidades locales.
A este respecto, la institución fiscalizadora reconoce que la
normativa por la que se crearon esos fondos "establece que los anticipos
deberían aplicarse al Presupuesto en el ejercicio en el que se
practique la liquidación definitiva, lo que proporciona un respaldo
legal al procedimiento", si bien "lo más aconsejable sería que se
aplicase un criterio uniforme para todas las entregas a los entes
territoriales habilitándose, en su caso, los créditos presupuestarios
necesarios".
En cualquier caso, en 2010 se ha presentado "por primera vez" un
estado con la información consolidada de compromisos de gasto adquiridos
con cargo a ejercicios posteriores, cuyo importe ascendía a finales de
2010 a 683.714 millones, de los que 625.626 millones correspondían a la
carga derivada de la Deuda -445.952 millones por la amortización de
capitales y 179.674 millones por retribuciones de capital-.
El Tribunal observa también "diferencias entre los importes que
figuran contabilizados como obligaciones reconocidas en entidades
pagadoras integradas en la Cuenta General del sector público
administrativo y los recíprocos derechos contraídos en entidades
perceptoras" por valor de 25 millones de euros, una cantidad
"notablemente inferior" a los 159 millones de 2009.
"Hay también diferencias entre las obligaciones reconocidas que
quedaron pendientes de pago al final del ejercicio por transferencias
corrientes y de capital a favor de entidades integradas en la Cuenta
General y los correlativos derechos pendientes de cobro" por 161
millones.
Entre sus conclusiones, el Tribunal considera "conveniente" que
se acompañara la liquidación presupuestaria de la información relativa
al remanente de Tesorería, una "magnitud significativa en su cuantía
y composición" que permitiría "conocer clara y detalladamente los
auténticos resultados del ejercicio".
Por último, el Tribunal de Cuentas recoge recomendaciones que se
repiten habitualmente en sus informes, tales como la necesidad de que la
cuenta se ajuste a la legislación aplicable y refleje adecuadamente la
actividad económico-financiera del sector público, así como que se
remita "en el más breve plazo posible" un informe concretando las
actuaciones para corregir definitivamente las deficiencias que "se
vienen detectando año tras año".
Entre otras, cita explícitamente la "falta de homogeneidad" de los
estados contables, los "inadecuados" procedimientos de registro de las
operaciones, el inmovilizado, el "diferimiento u omisión indebidos" en
la imputación de operaciones o la "insuficiente" información respecto
del cumplimiento del límite de gasto y el objetivo de estabilidad.
En este sentido, se precisa que en 2010 todas las entidades del
sector público administrativo cumplieron con su obligación de rendir
cuentas al Tribunal, aunque el 24,3% remitieron la información fuera de
plazo.