ATENAS.- La UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han pedido a Grecia más ajustes para garantizar el cumplimiento del objetivo de reducción del déficit, así como acelerar las reformas estructurales y las privatizaciones. Estas medidas son la condición para desbloquear una ayuda de emergencia de 8.000 millones de euros que Atenas necesita si quiere evitar la quiebra en octubre.
Los jefes del equipo de inspectores de la Comisión, el Banco Central Europeo (BCE) y el FMI que verifican si Grecia respeta sus compromisos mantendrán esta tarde una conferencia telefónica con el ministro griego de Finanzas, Evangelos Venizelos. Del resultado de esta conversación dependerá que la misión regrese a Atenas para certificar si puede o no desembolsarse la ayuda, según ha dicho el portavoz de Asuntos Económicos, Amadeu Altafaj.
“Donde hay desvíos (respecto al objetivo de déficit) tiene que haber más medidas; donde no se han aplicado reformas determinadas, tiene que haber un plan claro y calendario de cuándo se aplicarán. Lo mismo ocurre con el plan de privatizaciones: lanzamiento efectivo del plan, lista concreta de activos”, ha explicado Altafaj, que ha eludido concretar qué medidas se están pidiendo a los griegos.
Los inspectores de la UE y el
FMI abandonaron Atenas a principios de septiembre tras constatar que las medidas adoptadas por las autoridades griegas no permitían cumplir los objetivos de déficit pactados para 2011 y 2012, entre otras cosas, porque la contracción de la economía griega es más fuerte de lo previsto. Desde entonces, Grecia ha anunciado una nueva tasa inmobiliaria, pero la Comisión ha dado a entender que no es suficiente para corregir los desvíos.
De hecho, estaba previsto que la denominada ‘troika’ regresara a Atenas a “mediados de septiembre”, pero de momento sigue sin haber fecha para su vuelta.
De la evaluación positiva de los inspectores depende que la UE desembolse el sexto tramo del primer plan de rescate de 110.000 millones de euros pactado hace un año. Las autoridades griegas ya han dejado claro que sin estos 8.000 euros no podrán pagar salarios y pensiones en octubre.
El portavoz ha explicado que “si se cumplen todas las condiciones, y esto es una cuestión fundamental, la revisión puede concluir a finales de septiembre”. Desde el pasado martes, un grupo de expertos fiscales de la Comisión se encuentra en Atenas para ayudar a las autoridades helenas a acelerar las reformas.
Por su parte, el representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Grecia, Bob Traa, ha señalado que “la pelota está en el tejado griego. La implementación es vital” y ha pedido al Gobierno que mejore su recaudación fiscal, pero rehusó opinar sobre si Grecia recibirá el siguiente tramo de la ayuda o no. “Estamos haciendo progresos, pero no sería correcto que yo especulara sobre este asunto… No tengo una bola de cristal, pero estamos trabajando 24 horas siete días a la semana para conseguirlo”, agregó.
Asimismo, también aseguró que la ‘troika’ está dispuesta a dar al país más tiempo para implementar su programa de ajustes económicos en un entorno económico más débil del previsto, aunque Grecia debe mantener sus compromisos. Así, señaló que el país empezó las reformas con fuerza, pero tras las elecciones del pasado otoño el espíritu de sacar adelante las reformas se desvaneció.
En este sentido, reconoce que al Gobierno le llevará más tiempo del previsto realizar sus ajustes dada la capacidad que tiene Grecia para implementarlo. “Estaremos a su lado, pero debe cumplir con sus compromisos. Hay buena voluntad para dar más tiempo a Grecia”, insistió.
Por otro lado, Traa también se mostró en cierto modo optimista respecto al plan de canje de bonos griegos, ya que en su opinión tendrá una tasa de participación “razonable”. “Incluso si no se alcanza 90%, si se está cerca, las partes es probable que acepten y sigan adelante”, apuntó.
Asimismo, el representante del FMI recordó que muchos inversores no confirman su interés en participar en programas de este tipo hasta el último minuto.
Además, los medios helenos aseguran que la UE, el FMI y el Banco Central Europeo han presentado a Grecia una lista de 15 medidas de austeridad, cuya aplicación debe acelerar como condición para recibir el próximo tramo de los fondos de rescate.
En concreto, apuntan que Grecia necesita empezar a despedir empleados públicos, bajar o congelar los salarios de los funcionarios y las pensiones, aumentar el impuesto al combustible para calefacciones, cerrar organizaciones estatales deficitarias, reducir el gasto en salud y acelerar las privatizaciones.
Todas estas medidas ya forman parte del plan de recorte presupuestario a medio plazo de Grecia, aprobado por el Parlamento heleno en junio para obtener nueva financiación de la UE y el FMI y evitar la quiebra.
Por su parte, Grecia se comprometió este domingo a adoptar unas decisiones duras para evitar la quiebra, pero no anunció nuevas medidas de austeridad concretas. Al parecer, los diferentes ministerios tenían hasta hoy lunes para informar sobre las medidas administrativas que tienen intención de adoptar para implementar las exigencias de la UE y el FMI.
El ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, y los jefes de inspectores de la UE y el FMI tienen previsto celebrar una teleconferencia este lunes a las 18.00, hora española, tras la cual tendrá lugar una reunión del consejo de ministros.
La Comisión ha eludido pronunciarse sobre el anuncio de la farmacéutica Roche de que deja de suministrar medicamentos a los hospitales griegos, alegando que se trata de “una decisión comercial de una empresa privada”.
No obstante, el Ejecutivo comunitario ha negado que las medidas de austeridad impuestas por la UE sean las causantes y ha atribuido la responsabilidad a las autoridades helenas.
“La asistencia internacional cubre las necesidades financieras del Estado cada trimestre. Por lo demás, la responsabilidad de la gestión de las finanzas públicas corresponde al Estado griego”, ha dicho Altafaj. “Nosotros no intervenimos en la gestión de hospitales en los Estados miembros”, ha insistido.
El coste de los medicamentos en Grecia se encontraba entre los más altos de la UE debido a las deficiencias en la gestión sanitaria. La situación ha empezado a corregirse desde que hace un año se iniciaron reformas en el sector como parte del plan de ajuste impuesto por la UE y el FMI a cambio del rescate.
