A la hora de ponerse a la tarea de cambiar el modelo productivo, dos son los caminos posibles. Por un lado el de quienes pretenden realizar ciertos afeites en la autorregulación de los mercados y tomar algunas medidas, moduladas y temporales, de intervención del Estado, de inyección de liquidez en el sector privado y de aumento de los déficits públicos, pero sin modificar para nada el paradigma neoliberal que ha conducido a la crisis que estamos sufriendo.Y, por supuesto, pasando la factura del endeudamiento público que ha sido necesario realizar para salvar a los capitalistas de su propia avaricia a los sufridos contribuyentes que fueron sus salvadores.
Estos siempre respetables señores, por muy incendiarias que sean sus opiniones, quieren, incluso, echar la culpa de lo que ha pasado a los vigilantes (a los que no hacían más que pedir que no vigilaran) y no a los mercados y que exigen que la lógica neoliberal se expanda sin ningún tipo de cortapisas. Son los mismos que consideran, o bien que todo esto del cambio climático y del desafío ecológico es una filfa propia de románticos y pequeño burgueses defensores de la foca monge y del águila negra, o bien que todo ello se puede frenar y arreglar con unas cuantas nuevas tecnologías, tiñendo un poco de verde el mismo tipo de capitalismo.
No es de extrañar que quienes defienden todo lo anterior sean también quienes consideren que los males endémicos del modelo productivo español se arreglan con una reforma laboral que, de una vez por todas, abarate el despido, lo sustraiga de la intervención judicial y de la autorización administrativa.
De otro lado, están quienes consideran que la crisis financiera no es sólo financiera, sino que en su raíz se halla el aumento de la desigualdad en el mundo. Una desigualdad que tiene su origen en una globalización dominada por el capitalismo financiero, en el debilitamiento de la protección del trabajo, en una distribución de la riqueza en contra de los salarios y a favor de la rentas del capital.
Y en el debilitamiento del Estado y de las políticas públicas y de la economía mixta, mediante las privatizaciones, reducciones fiscales a las rentas del capital, a las empresas, a los patrimonios y sucesiones, a los contribuyentes con mayores ingresos y el recorte de los servicios públicos.
Para los que defienden esta interpretación, la crisis no se va a arreglar una vez “saneado” el sistema financiero. Si sólo se hace eso, estaremos gestando una próxima crisis aún más grave y demoledora que la actual. Es el paradigma neoliberal el que está en cuestión. Tampoco es la pura competitividad económica – como ha pretendido hacernos creer la Estrategia de Lisboa, sobre todo tras su viraje de 2004 – la que nos va a solucionar el desafío ecológico y de la que se va a desprender el desarrollo social y medioambiental.
Ese pretendido círculo virtuoso ya se ha demostrado que no funciona. Como han puesto de manifiesto ya suficientes autores (desde Reich hasta Stiglitz) es equivocado pensar que el crecimiento económico va a alimentar espontáneamente los avances sociales y las mejoras medioambientales.
Es ya muy evidente que ese tipo de crecimiento, basado en los incrementos de la productividad, la concurrencia entre empresas y en el seno de éstas, entre regiones, países y continentes, en la desregulación y la precariedad de una mano de obra cada vez más barata, en la ingeniería financiera y la concurrencia fiscal, no puede constituir el fundamento de un modelo productivo orientado hacia el desarrollo sostenible.
Como ya habrán ustedes adivinado esta corriente de opinión es también la que no cree que los atrasos españoles tengan su origen y su remedio en el mercado laboral – lo que no puede querer decir que no haya que mejorarlo y racionalizarlo - sino en la escasez de capital, la vetustez de la organización de la mayoría de nuestras empresas, en el inmenso porcentaje (el 63%, según una asociación de economistas del Banco de España) de salarios e ingresos por debajo de los mil euros brutos, el 34% de abandono y fracaso escolar, un umbral de una media de edad superior a los 30 años de edad que marca el abandono de los hijos del hogar familiar, el relativamente bajo porcentaje de gasto social sobre el PIB, la escasa inversión en formación, educación, investigación e innovación, en el retraso de nuestras administraciones públicas o en las escandalosas retribuciones salariales de los ejecutivos de nuestras empresas, las más altas con gran diferencia de Europa (Alpha Value, cabinet d’analyses financières, media de 2008. Le Nouvel Observateur, septiembre 2009).
Uno de los riesgos a los que nos enfrentamos, pues, al pensar el cambio del modelo productivo es el de disociar lo económico, de lo social y de lo medioambiental. Es necesario cambiar el orden del paradigma: no va a ser el crecimiento el que cree la dimensión medioambiental y social, sino que será la protección medioambiental en su sentido más amplio y la promoción de la cohesión social las que hagan posible una sociedad sostenible.
El nuevo modelo productivo ha de implicar, igualmente, otra manera de pensar y de evaluar la riqueza. Por ejemplo, son necesarios otros indicadores otro tipo de indicadores que reflejen esta otra manera de pensar. El PIB, por ejemplo, no es un indicador pertinente del desarrollo sostenible. Un país que elimina sus bosques, que pone a trabajar a sus infantes en lugar de llevarlos a la escuela, una catástrofe como la del Prestige, el aumento del consumo de tabaco hacer aumentar el PIB. Pero el PIB no tiene en cuenta la reducción de la contaminación, la preservación de la biodiversidad, la utilización racional de los recursos, la cohesión social.
Este nuevo paradigma exige, así mismo, cambiar un enfoque competitivo por otro cooperativo. La estrategia de Lisboa se ha basado en un programa desregulador de puesta en competencia de las economías y las legislaciones nacionales. Sosteniendo que, con ello, se acrecentaba la eficacia global del sistema económico. Cuando lo que demandan los desafíos ecológicos y sociales a los que nos enfrentamos – como el cambio climático, la crisis alimentaria o los flujos migratorios – son planteamientos económicos cooperativos a nivel, nacional, internacional y mundial.
Las prioridades que exigen el nuevo paradigma con la cooperación y el largo plazo, frente a la competición y el corto plazo. Actualmente, los principios que prevalecen son los de la competición, el incremento de las desigualdades, el despilfarro de recursos y una visión a corto plazo de la acción política. Cambiar de paradigma económico implica cambiar también tales principios fundamentales.
Por otra parte, si el cambio de modelo productivo reclama una planificación de medidas a medio y a largo plazo, el Estado habrá de recuperar su papel de garante y de regulador, mucho más allá de sus misiones para asegurar a todos la capacidad de hacer frente a los riesgos del mercado.
Sobre todo tendrá que recuperar papel de regulación, de fijación de normas y de objetivos; su función de provisor de bienes públicos esenciales, como la educación pública; su capacidad, mediante la fiscalidad progresiva, para redistribuir la riqueza, modificar los precios relativos y contribuir a cambiar los comportamientos (permisos de emisión, fiscalidad verde); y finalmente, actuar mediante las inversiones en investigación, infraestructuras, la promoción de tecnologías limpias y las transferencias de tecnología.
Modificar el modelo productivo, integrando para ello las tres dimensiones que aquí estamos entremezclando – las bases del modelo español de crecimiento, las exigencias derivadas de los desafíos ecológicos y las consecuencias que es necesario extraer de la crisis económico-financiera – implica, igualmente, un gran cambio cultural y una necesaria aceptación social del cambio. Es decir, profundos consensos sociales.
Tengamos en cuenta al respecto que, según la Comisión Europea los deciles de población más ricos contribuyen en mayor medida a las emisiones de CO2, los deciles de los menos favorecidos son los más afectados por la degradación medioambiental, mientras que las tasas destinadas a estos menesteres son generalmente regresivas, afectando más a las familias o personas más pobres.
Por otro lado, actualmente más de 72 millones de ciudadanos europeos viven por debajo de umbral de pobreza y la distancia entre ricos y pobres sigue agrandándose; el 17% de los trabajadores europeos alcanzan un salario mensual inferior al 60% del salario medio nacional, es decir son trabajadores pobres.
En todos los países de la UE, la distancia en la remuneración entre los dirigentes de las grandes sociedades y la de los asalariados medios se han agrandado, justamente en un periodo en el que los salarios representan un porcentaje decreciente del producto interior bruto en la mayor parte de los países de la UE. Y cuando los salarios apenas si llegan a alcanzar el incremento de los precios, muy alejados del ritmo del crecimiento de la productividad de la economía. Por todo ello, las medidas sobre la justicia social y sobre el desarrollo sostenible han de ir íntimamente unidas.
En fin, si se quiere situar la justicia social en el centro del nuevo modelo productivo habrá que cambiar y poner en cuestión muchos dogmas. Por ejemplo, adaptar el Pacto de Estabilidad a una perspectiva de lucha contra el cambio climático y de sostenibilidad social, como el que afecta a las pensiones. O a la progresiva sustitución de las cargas que pesan sobre el trabajo por una fiscalidad verde.
Y, por qué no, el tener en cuenta los “costes externos” del transporte: unas fresas chinas super-competitivas vendidas en Europa requieren veinte veces más de consumo en petróleo que las producidas en Francia o en España. En general, situar la producción, la distribución y el consumo en una lógica de desarrollo sostenible requiere poner en cuestión muchos criterios de rentabilidad que no tienen en cuenta los costes externos de tales formas de producir, consumir o distribuir.
Probablemente será también oportuno poner en cuestión la lógica de algunas deslocalizaciones empresariales a países de bajo costo para volver a vender en sus países de origen lo allá producido. Para esos casos, la Confederación Europea de Sindicatos está reclamando una tasa en frontera que resarza de los costes fiscales eludidos. De igual manera sería necesario – otra iniciativa de la CES – establecer un Fondo para acompañar y compensar los trasvases de empleo que se van a producir como consecuencia de los cambios en el modelo productivo.
Para ser creíble, el discurso sobre el cambio del modelo productivo en un sentido de desarrollo sostenible deberá ser coherente entre sus diferentes políticas: económica, presupuestaria, fiscal, de transporte, de energía, de agricultura, social, de cooperación al desarrollo, de educación y formación, de empleo de investigación, etc... Todo ello no parece viable sin colocar en el frontispicio un profundo debate sobre la justicia social como soporte de este cambio de paradigma.
* Sindicalista
