La medida fue anunciada coincidentemente cuando el país sudamericano se encontraba realizando esfuerzos en Washington para demostrar que esa decisión sería "injusta".
"En varias oportunidades" durante los últimos dos años, desde que asumió funciones el presidente Evo Morales, Estados Unidos le ha estado pidiendo a Bolivia que mejore sus políticas en la lucha contra las drogas, pero sin resultado, aseguró Rice.
"Desafortunadamente, tendremos que separar a Bolivia de esos beneficios", dijo Rice en una rueda de prensa, al concluir conversaciones con su colega mexicana Patricia Espinosa.
En varios procesos de certificación de la lucha antidrogas en el país sudamericano por el Departamento de Estado, "hemos visto una creciente falta de cooperación de parte de Bolivia", dijo Rice.
"Esta no es la primera vez", dijo. "Le hemos alertado al gobierno de Bolivia que no estamos recibiendo la cooperación necesaria. Pero, desafortunadamente, no fueron tomadas las acciones. Y ahora tendremos que suspender la participación de Bolivia".
En Bolivia, el canciller David Choquehuanca calificó el anuncio como "una decisión política" y se mostró sorprendido, afirmando que no esperaba una determinación al respecto sino hasta el 31 de octubre, ya que el gobierno boliviano estaba realizando consultas con el gobierno estadounidense.
"Yo no sé por qué se ha adelantado la señora Condoleezza, porque ellos mismos han establecido este calendario hasta el 31 de octubre. Yo pienso que lo justo es terminar este proceso de audiencias, donde se recoge comentarios, opiniones, y una vez terminado recién debería pronunciarse", declaró el ministro en La Paz.
Aseguró que Bolivia "ha sido uno de los países que más resultados ha alcanzado en la lucha contra el narcotráfico, contra la corrupción, contra la pobreza. Yo no entiendo por qué el país que más resultados ha obtenido tiene que ser castigado. Para nosotros es una posición política que está tomando Estados Unidos".
El anuncio se produjo justamente en el día en que una delegación de Morales se presentaba en las oficinas del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) en Washington para una audiencia en la que tratarían de demostrar que la separación "sería injusta", según lo había adelantado el ministro de Hacienda, Luis Arce, jefe de la delegación.
El gobierno boliviano ha dicho que la separación de Bolivia de esos beneficios, instituidos por el Congreso estadounidense en 1990, ocasionarían al país el despido de 30.000 trabajadores con empleo directo y que más de 300 millones de dólares en exportaciones bolivianas se quedarían sin mercado.
El presidente George W. Bush firmó la semana pasada una extensión de esas preferencias por seis meses a partir de enero que todavía incluyen a Bolivia, además de Colombia, Ecuador y Perú.
Bush había pedido al USTR el 25 de septiembre que iniciara el proceso de la separación boliviana, alegando que el gobierno de Morales no estaba cooperando en la lucha contra las drogas, lo que fue justamente la base para la aprobación de las preferencias contenidas en la ley llamada ATPA (Andean Trade Preferences Act).
Se desconoce a partir de qué momento Bolivia se quedaría marginada. Rice dijo que el Departamento de Estado informará al Congreso que Bolivia no estaba cooperando en esa campaña y la suerte quedará entonces en manos del Capitolio.
El ministro Arce se entrevistó justamente en la víspera con el senador Dick Lugar, el republicano de mayor jerarquía en el Comité de Relaciones Exteriores, para pedirle apoyo en el caso boliviano, así como comprensión del momento político que vivía el país con una reforma constitucional.
Lugar dijo que expresó su "apoyo a los progresos logrados" por Morales en su búsqueda de un entendimiento con la oposición y que creía que el gobierno de Bush, con quien Lugar comparte partido político, "debe continuar" las preferencias comerciales con ese agobiado país.
Agregó que sugerirá que Morales y el nuevo presidente estadounidense que saldrá de las elecciones dentro de dos semanas "evalúen cuidadosamente los pasos a seguir para reparar las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos en este momento crítico de la reconstrucción constitucional boliviana".
Morales expulsó de la zona de producción de coca a miembros de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés) que canalizaban la ayuda estadounidense y expulsó del país igualmente al embajador de ese país, acusándolo de inmiscuirse en los asuntos internos bolivianos.
Días más tarde, Bush pidió la eliminación boliviana del ATPA, en una gestión calificada por Morales como "venganza por las políticas nacionalistas" de su gobierno.
Rice dijo que Estados Unidos entiende que las preferencias benefician al pueblo boliviano y que seguirá manteniendo con el país otro tipo de ayuda a través de otros programas.
